Hay una frase de Rango que, después de tantos años, sigue teniendo una vigencia bastante incómoda: quien controla el agua lo controla todo.
Y es curioso que una película animada sobre un camaleón que termina convertido en sheriff de un pueblo perdido en el desierto tenga algo que decirnos sobre lo que ocurre en Guadalajara. Porque a veces el cine no necesita hablar directamente de nuestra realidad para mostrarnos cosas que preferiríamos no ver.
Estrenada en 2011 y dirigida por Gore Verbinski, Rango parece, a primera vista, una parodia del viejo oeste. Tiene un pueblo polvoriento, animales antropomórficos y un sheriff que no sabe muy bien qué está haciendo. Pero detrás de toda esa estética western hay una historia sobre el poder, la corrupción y el control de un recurso indispensable para sobrevivir: el agua.
La historia nos lleva a Dirt, un pueblo desértico cuyos habitantes viven preocupados por la escasez. Allí, Rango conoce al alcalde, una tortuga que promete conducir a la comunidad hacia un futuro mejor. El problema es que las cosas no son exactamente como parecen: el alcalde controla el suministro de agua y utiliza esa posición para avanzar con sus propios planes, mientras los habitantes apenas logran sobrevivir.
Ahí es donde la película se pone interesante. Porque una cosa es que un pueblo se quede sin agua por una sequía y otra muy distinta es que alguien tenga la capacidad de decidir quién la recibe y quién no. Cuando una persona concentra el control de un recurso indispensable, también adquiere poder sobre quienes dependen de él.
El alcalde no necesita amenazar a todos los habitantes de Dirt. Le basta con controlar aquello que necesitan para vivir, mientras presenta sus propios proyectos como la solución a los problemas del pueblo.
Pero su control empieza a tambalearse cuando Rango deja de conformarse con las explicaciones que recibe y decide buscar agua. Al reunir a otros habitantes para investigar qué sucede, comienza a entrometerse en los planes del alcalde y a descubrir que la escasez no es lo que aparenta.
Rango no llega con un gran plan para acabar con la corrupción. De hecho, ni siquiera entiende por completo el problema al que se enfrenta. Sin embargo, termina convirtiéndose en una amenaza para el alcalde porque hace preguntas, busca respuestas y consigue que otros se involucren.
Y es aquí donde Rango deja de ser solo una película del oeste para convertirse en una historia sobre la importancia de cuestionar al poder.
Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Guadalajara?
En la zona metropolitana, varios habitantes han denunciado que reciben agua turbia, con sedimentos y malos olores. Al mismo tiempo, ha comenzado a circular un video donde se observa agua aparentemente cristalina en unos túneles subterráneos de la ciudad.
Y claro, la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que haya agua que parece limpia bajo nuestros pies, mientras hay familias que no pueden confiar en la que sale de sus propias llaves?
Antes de que alguien salga a decir que el agua de esos túneles no necesariamente es potable, hay que recordar que no toda el agua doméstica se utiliza para beber. También necesitamos agua para bañarnos, lavar la ropa, limpiar la casa y lavar los trastes. Que el agua de las galerías se vea cristalina no demuestra que sea apta para esos usos ni que pueda conectarse a la red pública, pero sí justifica investigar su origen y si existe alguna posibilidad de aprovecharla.
En México, además, muchas familias pagan por el servicio de agua y después compran garrafones porque no confían plenamente en la calidad del líquido que reciben. El gasto no termina cuando llega el recibo: también hay que pagar por una alternativa para cubrir una necesidad básica.
Mientras tanto, Jalisco enfrenta el reto de mejorar su infraestructura hídrica y financiar nuevas obras. La propuesta de construir un acueducto para Guadalajara mediante un esquema de colaboración público-privada generó cuestionamientos sobre los contratos, los compromisos financieros y el alcance de la participación empresarial. Aunque el gobierno de Pablo Lemus ha sostenido que esto no implica privatizar el servicio, esas declaraciones no sustituyen la necesidad de revisar las condiciones concretas de cada proyecto.
Porque una cosa es no tener pruebas de que alguien esté contaminando deliberadamente el agua para justificar su privatización y otra muy distinta es confiar ciegamente en que todas las decisiones se toman pensando exclusivamente en el bienestar de la población.
La crisis podría explicarse por infraestructura deteriorada, falta de mantenimiento, contaminación por descargas o decisiones administrativas deficientes. También es legítimo investigar si existen intereses económicos que puedan beneficiarse de ella. No sabemos si hay una maniobra deliberada, pero sí podemos exigir transparencia sobre quién administra el recurso, qué empresas participan y quién termina pagando las consecuencias.
Y aquí volvemos a Rango.
En la película, el alcalde pierde el control cuando los habitantes empiezan a cuestionar lo que ocurre y descubren que el problema es mucho más grande de lo que creían. En Guadalajara, las protestas y las exigencias ciudadanas también han ejercido presión sobre las autoridades para que expliquen sus decisiones y reconsideren sus propuestas.
La organización colectiva importa porque los gobiernos no siempre cambian de rumbo por voluntad propia. A veces, la presión social hace que mantener una decisión resulte políticamente más costoso que modificarla. Por eso, investigar, marchar y exigir cuentas no significa acusar sin pruebas: significa negarse a aceptar que los problemas públicos son inevitables.
Al final, Rango funciona porque entiende que el agua no es solo un recurso natural, sino también una fuente de poder. Quien controla su distribución puede influir en el futuro de una comunidad, mientras quienes dependen de ella quedan a merced de sus decisiones.
Quizá no vivimos en Dirt, pero tampoco podemos ignorar lo que sucede cuando un servicio indispensable falla y las explicaciones oficiales no son suficientes.
Si el agua de esas galerías puede aprovecharse, que se investigue. Si no puede, que se explique por qué. Si el problema es la infraestructura, que se transparenten los diagnósticos, los presupuestos y los plazos. Y si existen intereses particulares influyendo en las decisiones, que también se investiguen.
Porque el agua es indispensable para todos, pero el poder de decidir qué sucede con ella no debería quedar fuera del alcance de la ciudadanía.
